Nueva ley firmada por Greg Abbott exige a ciertos condados de Texas a colaborar con ICE a partir de esta fecha
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Una nueva normativa en Texas entrará en vigor dentro de los próximos meses y miles de inmigrantes se mantienen alerta.

El gobernador Greg Abbott dio luz verde para que se lleve a cabo la Ley SB 8 en Texas, la cual exige a condados que tienen más de 100.000 habitantes y que administren cárceles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por medio del programa 287(g) o equivalentes.
Esta nueva normativa entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026 en Texas, lo cual enciende alarmas en la comunidad inmigrante y aumenta el riesgo de deportación en el estado.

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Texas: ¿qué dice la Ley SB 8 sobre colaboración con ICE?
La Ley SB 8, aprobada por Greg Abbott, busca fortalecer las acciones conjuntas entre las autoridades de Texas y las federales, garantizando una colaboración de ICE con los condados que cumplan con estas características:
- Debe tener más de 100.000 habitantes.
- El sheriff debe operar una cárcel o tener un contrato con una empresa privada para su gestión.
- El sheriff debe solicitar y firmar un acuerdo escrito con el ICE bajo el programa 287(g) o uno equivalente.
De acuerdo con la ley, el acuerdo llevado a cabo con las autoridades texanas "debe incluir el alcance, la duración y las limitaciones de la autoridad para hacer cumplir la ley federal de inmigración". Esta medida no menciona a condados específicos para su aplicación, por lo que se entiende que la disposición habla a nivel general.
Asimismo, la legislación manifiesta que el sheriff que quiera llevar a cabo este acuerdo "deberá asignar los recursos necesarios, incluyendo personal y financiación, para garantizar una correcta implementación del acuerdo". Además, la justicia federal puede demandar ante un tribunal a aquellos que se resistan a acatar la normativa y establecerles medidas correctivas.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g), establecido desde 1996 en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), faculta a ICE para que pueda delegar ciertas funciones a agencias estatales y locales con el fin de hacer cumplir con la ley federal; es decir, aumentar la capacidad del gobierno federal para identificar y procesar a personas extranjeras detenidas que puedan ser deportadas.
Esta colaboración con ICE permite que agentes locales actúen como agentes de inmigración bajo ciertas circunstancias. Esta clase de medidas se llevan a cabo con el fin de impulsar la política migratoria de Donald Trump y cumplir con su "programa de deportación masiva más grande de la historia".
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