Trump insiste en eliminar la ciudadanía por nacimiento en EEUU: ¿qué se sabe de la decisión de la Corte Suprema?
La administración de Donald Trump argumenta que la 14.ª Enmienda ha sido mal interpretada y busca cambiar la política de ciudadanía.
El presidente Donald Trump impulsó una orden ejecutiva en enero de 2025 para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una medida que afectaría directamente a los hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la orden permanece bloqueada por varios tribunales federales y actualmente está a la espera de una posible revisión por parte de la Corte Suprema.
La solicitud fue presentada el 26 de septiembre por la administración republicana, con el objetivo de revertir las decisiones judiciales que declararon inconstitucional la medida. La orden, firmada por Trump el mismo día de su asunción presidencial, busca modificar el alcance de la 14.ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
¿Cuándo decidirá la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
Hasta el momento, la Corte Suprema no ha determinado si aceptará revisar el caso. Mientras tanto, la orden ejecutiva sigue suspendida por múltiples fallos judiciales. En julio de 2025, un juez del Tribunal de Distrito de Nuevo Hampshire admitió una demanda colectiva que detuvo su implementación. Semanas después, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también falló en contra, al considerar que la iniciativa vulneraba la Constitución.
Posteriormente, el 7 de agosto, la jueza Deborah Boardman, del Tribunal de Distrito de Maryland, emitió una orden preliminar adicional. En su fallo, indicó que la política de la administración de Trump “plantea serios riesgos” para derechos protegidos por la Constitución, como el acceso a la ciudadanía para quienes nacen en territorio estadounidense.
¿Por qué Donald Trump quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
Desde su primera gestión, el mandatario ha criticado lo que denomina “ciudadanía automática sin control”. En su actual mandato ha retomado esta agenda, centrado en su política de seguridad fronteriza. Según el procurador general D. John Sauer, quien lidera las apelaciones del Ejecutivo, “las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de máxima importancia para el presidente y su gobierno”.
El documento presentado ante la Corte Suprema sostiene que los tribunales inferiores han “interpretado de manera errónea” la 14.ª Enmienda durante décadas. Esta postura es compartida por sectores de la administración que consideran que otorgar la ciudadanía a hijos de personas migrantes sin documentación genera una carga para el sistema y fomenta el cruce irregular de fronteras.