USCIS advierte que estas acciones podrían hacerte perder la Green Card y ser deportado de EEUU
La agencia de inmigración alerta que el procedimiento de deportación de Estados Unidos comienza con un Aviso de Comparecencia.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) advirtió que el incumplimiento de determinadas leyes puede causar la revocación del estatus de residente permanente. Un residente con Green Card que incurra en delitos graves, fraude o abandono de estatus podría enfrentar un proceso judicial que concluya en su deportación.
El procedimiento no ocurre de forma automática. Según el USCIS, el Gobierno estadounidense debe iniciar un proceso formal ante un tribunal de inmigración, presentar pruebas concretas y obtener un fallo de un juez. Las agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no tienen facultades para revocar por sí mismas el estatus legal permanente.
¿Cuándo puede Estados Unidos deportar a un residente con Green Card?
La legislación migratoria estadounidense establece que los titulares de una Green Card deben cumplir todas las leyes del país, tanto a nivel federal como local. En caso de vulnerar la ley, el Departamento de Justicia puede iniciar un procedimiento de deportación mediante el sistema de tribunales de inmigración.
El USCIS especifica que entre las causas más comunes que pueden poner en riesgo el estatus de un residente se encuentran la comisión de delitos graves, el fraude migratorio y el abandono del estatus. Por ejemplo, si una persona presenta sus impuestos como "no residente", podría interpretarse que ha renunciado voluntariamente a su condición de residente permanente.
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¿Cómo se inicia el proceso de deportación en Estados Unidos?
El proceso comienza con la emisión de un Aviso de Comparecencia (Notice to Appear), que debe ser entregado formalmente al residente involucrado. En este documento se incluyen los fundamentos por los cuales el Gobierno considera que la persona debe ser expulsada del país.
Luego se realiza una audiencia ante un tribunal de inmigración. En ella, el Gobierno debe presentar “pruebas claras y convincentes”, según explicó Kelley-Widmer a La Nación. Estas pruebas pueden variar según el caso, pero suelen incluir sentencias judiciales, registros fiscales u otros documentos que demuestren abandono de estatus o actividades delictivas.