EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en ofensiva contra los cárteles de la droga
El Departamento de Estado de EEUU vinculó a figuras de la política mexicana, a quienes acusa de pertenecer a presuntas organizaciones criminales.
Un reciente informe de Reuters reveló que Estados Unidos ha revocado las visas a más de 50 políticos mexicanos como parte de una ofensiva ampliada contra el narcotráfico. La medida apunta a altos funcionarios, en su mayoría del partido Morena, así como a personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Donald Trump, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado, ha vinculado a diversas figuras políticas con organizaciones criminales internacionales que producen y exportan drogas a Estados Unidos y otros países.
¿Por qué Estados Unidos revoca visas a políticos mexicanos?
Las revocaciones forman parte de una estrategia más agresiva del gobierno estadounidense para combatir a los cárteles de la droga y a sus presuntos aliados en México. Las fuentes señalan que el mandatario Trump ha instruido el uso de herramientas diplomáticas, como la cancelación de visas, para presionar al gobierno mexicano.
“La administración Trump está buscando nuevas formas de ejercer mayor presión sobre México”, explicó Tony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, al medio británico. Esta política no exige al gobierno estadounidense explicar los motivos de cada cancelación, ya que el marco legal permite retirar visas por actividades “contrarias al interés nacional”.
Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a Reuters que las visas, incluso las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas “en cualquier momento” por razones como narcotráfico, corrupción, espionaje o permanencia indebida en el país.
¿Qué políticos mexicanos han perdido su visa?
Aunque la mayoría de los nombres no han sido revelados públicamente, Reuters confirmó que al menos cuatro funcionarios reconocieron la cancelación de su visa. Entre ellos figuran Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su esposo, Carlos Torres Torres, quienes negaron cualquier vínculo con el crimen organizado y afirmaron que no enfrentan investigaciones en México ni en el extranjero.
También se encuentra Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora. El edil declaró no tener vínculos delictivos, aunque fuentes estadounidenses señalaron que el municipio es uno de los principales puntos de entrada de fentanilo hacia Estados Unidos. Otro caso es el de Hernán José Vega Burgos, exdelegado del Instituto Nacional de Migración y actual magistrado electo del Poder Judicial, relacionado con una presunta red de explotación sexual.
Asimismo, Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, perdió su visa luego de un polémico comentario en redes sociales. Según el entonces subsecretario de Estado, Christopher Landau, su publicación fue calificada como “vulgar” y considerada motivo suficiente para impedir su ingreso a territorio estadounidense.