Gavin Newsom, gobernador de California, firma nueva ley para evitar que vendedores ambulantes sean deportados de EEUU
Gavin Newsom firmó la Street Vendor Business Protection Act, una norma que reconoce a los vendedores ambulantes como un motor económico y cultural.
Gavin Newsom firmó una nueva ley para proteger a los vendedores ambulantes de ser deportados por agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta medida busca frenar la persecución contra los extranjeros que trabajan en las calles de California.
La norma, conocida como Street Vendor Business Protection Act, convierte a California en un modelo de protección para los trabajadores del comercio informal. También prohíbe que las autoridades locales compartan información personal sin una orden judicial.
Gavin Newsom firma ley para evitar que ambulantes sean deportados de Estados Unidos
La Street Vendor Business Protection Act fue aprobada por la Legislatura estatal de California y firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2025. Esta norma reconoce que los vendedores ambulantes son un motor económico y cultural en las comunidades inmigrantes y de bajos ingresos.
Entre las protecciones que establece la ley se encuentran la restricción de la cooperación voluntaria con agencias federales de inmigración, el impedimento para que funcionarios consulten el estatus migratorio o los antecedentes penales de quienes soliciten permisos locales y, sobre todo, la prohibición de compartir información como nombre, dirección, permisos y registros fiscales sin una orden judicial.
¿Qué busca Gavin Newsom con la nueva ley?
Con la nueva ley, el gobernador Gavin Newsom busca consolidar a California como un 'estado santuario'. También prioriza la integración económica y social de inmigrantes sobre la cooperación con autoridades federales.
La norma deja claro que, aunque se mantiene el cumplimiento de leyes federales como el Título 8 del Código de Estados Unidos, se impone un marco de garantías que limita el uso de datos personales.
La Legislatura de California fue clara al señalar que "los programas locales de permisos recolectan y almacenan información sensible que podría usarse para la deportación si se comparte con agencias federales".
Por eso, ahora cualquier intento de acceder a esa información deberá pasar por un juez. Así el estado da un paso más en la defensa de las comunidades migrantes.