Illinois aprueba nueva ley para proteger a los inmigrantes de los agentes del ICE en Estados Unidos
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La Ley HB 1312 para proteger a los inmigrantes del ICE en Illinois restringe el uso de información médica y educativa con fines migratorios.
El gobernador J.B. Pritzker aprobó en Illinois una nueva ley que limita la actuación de los agentes del ICE en tribunales y otros espacios públicos de Estados Unidos. La norma también refuerza la privacidad de datos médicos y escolares frente a usos con fines migratorios.
En medio de las deportaciones de Donald Trump y de operativos considerados intimidatorios, la Ley HB 1312 se presenta como un escudo legal. El objetivo, según Pritzker, es garantizar respeto y justicia para todos los residentes del estado, sin importar el estatus migratorio.
Illinois aprueba nueva ley para proteger a los inmigrantes de los agentes del ICE
La Ley HB 1312 prohíbe los arrestos civiles con fines migratorios dentro o cerca de los tribunales de Illinois. De esta manera, las personas podrán asistir a audiencias judiciales sin temor a ser detenidas por agentes del ICE.
"Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo", declaró el gobernador J.B. Pritzker durante una conferencia de prensa. También lanzó críticas contra el Gobierno de Donald Trump por las políticas que se aplican en Estados Unidos.
Por ello, la normativa fue impulsada en respuesta a la presión ejercida por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, durante operativos como la Operación Midwest Blitz.
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¿Qué datos de los inmigrantes protege Illinois ahora?
La Ley HB 1312 para proteger a los inmigrantes del ICE en Illinois restringe el uso de información médica y educativa con fines migratorios. Establece que hospitales, escuelas, universidades y guarderías no podrán compartir datos sobre estatus migratorio, salvo que exista una obligación legal.
Además, extiende garantías legales a las familias que buscan servicios de cuidado infantil y protege a estudiantes, docentes y familiares ante acciones discriminatorias basadas en estatus migratorio, real o asumido.
Según el texto, el estado deberá brindar recursos legales a las personas afectadas por abusos constitucionales durante operativos migratorios. También define procedimientos para investigar estos casos y asignar responsabilidades.