Inmigrantes corren riesgo de quedar desprotegidos tras cierre del gobierno en EE.UU.: estas son las consecuencias inmediatas

Recortes en Medicaid y ACA afectan a familias de bajos ingresos; inmigrantes dependen del acceso que tienen sus hijos o cónyuges en Estados Unidos.

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos afecta gravemente a inmigrantes.
El cierre del gobierno federal en Estados Unidos afecta gravemente a inmigrantes. Composición Latino Actual
por Pub. 02 oct 2025 Act. 02 Oct 2025 | 19:01 h

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos, provocado por la falta de acuerdo en el Congreso, está teniendo consecuencias directas sobre los inmigrantes. Aunque algunos servicios esenciales continúan funcionando, organizaciones civiles y líderes políticos advierten que el impacto en la salud, la economía y los trámites migratorios es severo.

Expertos coinciden en que lo que se presenta como una disputa política en Washington se traduce en dificultades cotidianas para millones de familias, muchas de ellas con estatus migratorio mixto, que dependen de programas sociales y de la estabilidad laboral para sobrevivir.

Salud y nutrición en riesgo para familias inmigrantes en EE.UU.

Programas como Medicaid, la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) y WIC enfrentan riesgo de recortes en medio del cierre presupuestario. Para Los Angeles Times, Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, advirtió que "decenas de millones de estadounidenses, incluidos millones de latinos, dependen de estos servicios para mantenerse a flote".

Aunque los inmigrantes indocumentados no acceden directamente a estos beneficios, sus hijos ciudadanos o cónyuges con residencia legal sí dependen de ellos. La reducción de fondos podría traducirse en menor acceso a atención médica y en un aumento de la inseguridad alimentaria en hogares de bajos ingresos.

Las deportaciones no paran pese al cierre del gobierno

Mientras muchos programas sociales se paralizan, la aplicación de la ley migratoria se mantiene activa. ICE y las deportaciones fueron catalogadas como operaciones “esenciales”, lo que garantiza la continuidad de redadas y detenciones.

Organizaciones de derechos civiles denuncian que esta decisión intensifica la “militarización” de comunidades inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Washington, donde se reporta un aumento de la presión por parte de las autoridades federales.

Retrasos y aplazamientos en los tribunales migratorios

Los tribunales de inmigración siguen funcionando para personas detenidas, pero los casos de quienes no están bajo custodia enfrentan retrasos o suspensiones. Esto afecta a solicitantes de asilo y familias en procesos legales que ahora viven en mayor incertidumbre.

El aplazamiento de audiencias prolonga la resolución de expedientes, lo que deja a miles de inmigrantes en un limbo legal y sometidos a un sistema judicial ya sobrecargado.

¿Qué pasará con los sectores que dependen de mano de obra inmigrante?

El cierre también repercute en la economía, especialmente en sectores con alta participación de inmigrantes como la agricultura, la construcción o la hostelería. Un estudio en California reveló que las redadas de ICE en Oxnard redujeron entre un 20 % y un 40 % la fuerza laboral agrícola, lo que ha generado pérdidas millonarias en cosechas.

Expertos advierten que la combinación de deportaciones y cierres administrativos amenaza con dejar sin trabajadores a industrias clave, afectando también a la economía local y a empleados estadounidenses.

Críticas políticas a Donald Trump y al Congreso

El estancamiento legislativo ha despertado críticas contra la administración Trump. La congresista Luz Rivas señaló: "Donald Trump y los republicanos preferirían cerrar el gobierno que enfrentar el problema del costo creciente del sistema de salud".

Organizaciones como la National Partnership for New Americans (NPNA) denunciaron que el cierre es una “decisión política deliberada” que perjudica de manera desproporcionada a comunidades de bajos ingresos y a inmigrantes.

Organizaciones comunitarias se movilizan ante el temor de redadas

Ante la incertidumbre, colectivos inmigrantes organizan talleres de "conoce tus derechos" en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, mientras consulados y clínicas comunitarias reportan un incremento en la demanda de servicios básicos.

Defensores legales advierten que los procesos de separación familiar y deportación pueden aumentar durante el cierre, por lo que las familias buscan orientación urgente para protegerse.

Trámites migratorios afectados por la paralización del Departamento de Trabajo

Aunque la mayoría de trámites migratorios continúa gracias al autofinanciamiento de USCIS, los procesos vinculados al Departamento de Trabajo están paralizados. Esto incluye certificaciones laborales (PERM) y visas como la H-1B y la E-3, que requieren autorizaciones previas de esa dependencia.

Según la abogada Olga Ayo, "aunque muchos procesos de inmigración continúan con normalidad, las certificaciones laborales enfrentan retrasos que podrían alargarse dependiendo de cuánto dure el cierre".

Servicios consulares y de visas que continúan funcionando

Los servicios de pasaportes, visas y asistencia consular permanecen activos, tanto en Estados Unidos como en embajadas en el extranjero. El Departamento de Estado informó que estas operaciones se financian con las tasas cobradas a los solicitantes y no dependen del presupuesto anual del Congreso.

Sin embargo, varias sedes diplomáticas advirtieron que las actualizaciones en sus portales serán limitadas y que los servicios podrían restringirse si los ingresos por tasas no alcanzan a cubrir los costos operativos.

E-Verify fuera de servicio y consecuencias para contrataciones laborales

La plataforma E-Verify, utilizada por los empleadores para confirmar la elegibilidad laboral de trabajadores, quedó suspendida durante el cierre. Esto impide a las empresas abrir nuevos casos y genera retrasos en contrataciones, especialmente en sectores que dependen de mano de obra inmigrante.

Este problema afecta tanto a empleadores como a trabajadores, ya que prolonga la espera para iniciar labores y crea incertidumbre en el cumplimiento de normativas de contratación.

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