¿Por qué la ley HB 2017 perjudica a los inmigrantes en Texas? Estas son las consecuencias y entra en vigor desde septiembre
La ley establece penas mínimas obligatorias que aumentan de dos a diez años, prohibiendo beneficios como la libertad condicional y eliminando la posibilidad de reducción de condena.

A partir del 1 de septiembre, Texas aplicará una nueva legislación que intensifica las penas por homicidio involuntario bajo intoxicación cuando el acusado se encuentra en el país de manera ilegal. Esta medida, conocida como ley HB 2017 o “Ley Grayson”, se presenta como parte de una serie de reformas estatales dirigidas a endurecer el control sobre la población migrante sin documentos.
El cambio legal fue impulsado tras un trágico accidente ocurrido en 2024 y ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a que introduce un trato diferenciado y más severo para los inmigrantes indocumentados, en comparación con el resto de la población.

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¿Por qué la ley HB 2017 perjudica a los inmigrantes?
La ley HB 2017 establece que, si una persona comete homicidio involuntario mientras está bajo los efectos del alcohol o drogas, y además se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, enfrentará penas más duras que un ciudadano o residente legal en las mismas circunstancias. Esta diferencia legal implica una criminalización específica de la condición migratoria.
Además, al negar beneficios como la libertad condicional o el reconocimiento por buena conducta, la legislación elimina cualquier posibilidad de reducción de pena para los inmigrantes condenados bajo esta figura. De este modo, la ley no solo penaliza el delito, sino que castiga con mayor dureza a quienes no cuentan con estatus legal en el país.

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Estas son las consecuencias de la ley HB 2017
La nueva legislación establece un marco más riguroso para el castigo de inmigrantes indocumentados involucrados en homicidios por intoxicación. Estas son las principales consecuencias:
- Aumento de la pena mínima obligatoria de dos a diez años de prisión.
- Reclasificación del delito de segundo a primer grado si el acusado es indocumentado.
- Imposibilidad de obtener libertad condicional o sentencia diferida antes de cumplir diez años de condena.
- Eliminación del derecho a reducir la pena por buena conducta.
- Aplicación de la ley a quienes operen vehículos, embarcaciones, aeronaves o atracciones bajo intoxicación.
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