Más de 2 millones de inmigrantes han salido de EE.UU. desde que Trump asumió el poder, según el DHS
Con el aumento de las redadas, el ICE planea duplicar su personal y ampliar detenciones en los estados con mayor población latina.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. De ese total, alrededor de 1,6 millones se autodeportaron voluntariamente, mientras que más de 400.000 fueron expulsados por las autoridades.
La administración republicana ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los pilares de su segundo mandato. El DHS subrayó que estas cifras reflejan un cambio sustancial respecto a la política de la administración anterior y marcan el inicio de un endurecimiento sostenido en las medidas migratorias.
El uso de CBP Home bajo la administración Trump
Una de las herramientas clave en esta nueva estrategia ha sido la aplicación CBP Home, que en su origen, bajo el gobierno de Joe Biden, había sido diseñada para facilitar los trámites de asilo. Con la llegada de Trump, el DHS transformó la plataforma en un sistema de autodeportación, permitiendo que los migrantes indocumentados notificaran su decisión de salir del país.
Un portavoz del DHS explicó a la agencia AFP que "decenas de miles de extranjeros ilegales han utilizado la aplicación CBP Home", confirmando que la cifra de 1,6 millones de autodeportaciones se calcula a partir de datos oficiales del USCIS, la agencia encargada de procesar solicitudes de residencia y ciudadanía.

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Redadas del ICE y protestas contra la política migratoria de Trump
A la par de estas medidas tecnológicas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en todo el territorio estadounidense. La agencia anunció recientemente que planea duplicar su personal, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo, lo que refuerza su capacidad para realizar redadas y detenciones de inmigrantes ilegales.
Estas acciones han provocado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los migrantes y de gobernadores demócratas. Las críticas se centran en lo que consideran una política excesivamente represiva. Sin embargo, el DHS defendió las medidas asegurando que "durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del país", como prueba del impacto de la nueva estrategia migratoria.
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