Nicolás Maduro enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel o incluso cadena perpetua en EE. UU., según The New York Times

En medio de un ambiente de alta tensión diplomática, el Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a poner en primer plano las acusaciones penales contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, retomando cargos que lo vinculan con narcotráfico, terrorismo y corrupción. De acuerdo a The New York Times (NYT), las agencias federales de EE. UU. utilizan como justificación la acusación federal presentada en 2020.

Los cargos que ahora resurgen tienen su origen en una acusación realizada en marzo de 2020 por un gran jurado en Manhattan, en el marco de la administración Trump. Según esa acusación, Maduro habría liderado durante décadas una vasta conspiración de narcotráfico internacional, operando bajo la estructura del denominado 'Cártel de los Soles'. Además, se le acusa de vínculos con actividades de terrorismo y de ejercer influencia sobre redes criminales mientras ascendía en el poder político hasta convertirse en presidente.

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Nicolás Maduro enfrenta posible condena de 20 años o cadena perpetua en Estados Unidos

Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Aunque formalmente los cargos no son nuevos, su reactivación tiene un fuerte valor simbólico y estratégico para la política estadounidense hacia Venezuela. Funcionarios estadounidenses —incluido el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio— han hecho múltiples referencias públicas a las acusaciones de 2020 para recalcar que Maduro no es un actor con inmunidad para eludir la justicia y que, de hecho, es un “fugitivo de la justicia estadounidense”.

De acuerdo a The New York Times, a Maduro se le acusa de ser un capo de la droga y líder del 'CarteL de los soles'. El informe de 28 páginas estipula que el cártel, bajo el cargo de Maduro y otros funcionarios, pretendía inundar Estados Unidos con cocaína e “infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores de este país”.

Asimismo, Maduro tenía cargos de conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. De acuerdo a NYT, esos cargos podrían darle prisión de al menos 20 años e, incluso, podría alcanzar la cadena perpetua en EE. UU.

La reapertura de este frente judicial acompaña medidas concretas de presión: EE. UU. ha aumentado la recompensa ofrecida por informantes que colaboren con la captura de Maduro, que ahora alcanza los 50 millones de dólares. Asimismo, Washington ha impuesto sanciones adicionales sobre altos funcionarios venezolanos y restringido viajes, congelamiento de activos y comercio con entidades vinculadas al régimen.

Este fortalecimiento de la ofensiva judicial de Estados Unidos ocurre en un entorno en el que Venezuela ha aplicado recientemente un decreto de “conmoción exterior” o estado de excepción, aduciendo amenazas de una posible agresión militar estadounidense. Con ello, Maduro ha buscado legitimar medidas extraordinarias como movilizaciones militares, ocupación de infraestructuras estratégicas y cierre de fronteras.

Por su parte, Estados Unidos ha desplegado buques en el Caribe y realizado operaciones marítimas contra embarcaciones consideradas sospechosas de tráfico de drogas vinculadas al país andino. Venezuela ha denunciado estas acciones como una escalada intervencionista. Maduro, por su parte, ha respondido con un discurso combativo, afirmando que Venezuela se declarará en “lucha armada” si es objeto de agresión militar, y calificando las movidas estadounidenses como una amenaza sin precedentes al continente.

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