Texas refuerza su colaboración con ICE con nueva ley contra inmigrantes indocumentados que entrará en vigor en enero de 2026
1 MINUTOS DE LECTURA
La legislación refuerza la cooperación entre autoridades locales y el ICE, exigiendo a los alguaciles establecer acuerdos formales para el control migratorio.
Texas aprobó una nueva ley que endurece su política migratoria y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La medida busca reforzar la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría tener un impacto directo en miles de inmigrantes indocumentados que viven en el estado.
La legislación, conocida como el Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), se suma a otras iniciativas impulsadas por el gobierno texano en materia de inmigración. Mientras sus promotores aseguran que fortalece la seguridad pública, críticos advierten que podría derivar en prácticas discriminatorias y aumentar el temor dentro de las comunidades inmigrantes.
Texas obligará a cárceles locales a colaborar con ICE
La ley SB-8 exige que los alguaciles de los condados que operan cárceles establezcan una cooperación formal con ICE mediante el programa federal 287(g). Esto permitirá que autoridades locales participen activamente en tareas de control migratorio bajo la supervisión de agencias federales.
Además, la legislación autoriza a los condados a solicitar subvenciones que van desde los 80.000 hasta los US$140.000 para facilitar su incorporación al programa. Los fondos estarán destinados a capacitación, personal y recursos necesarios para cumplir con las nuevas obligaciones impuestas por el estado.
PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump planea exigir historial de redes sociales a turistas que ingresen a EE. UU.
El programa 287(g) y la polémica que lo rodea
El programa 287(g), contemplado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite al ICE delegar funciones específicas de control migratorio a agentes estatales y locales. Este mecanismo fue suspendido en 2012 tras denuncias de detenciones ilegales y redadas indiscriminadas, pero fue reactivado durante la administración de Donald Trump.
El programa contempla distintos modelos de aplicación, entre ellos el Modelo de Cumplimiento Carcelario, el modelo Task Force, el Task Force Tribal y el programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas. Según datos oficiales, al 11 de diciembre de 2025 existen más de 1,200 acuerdos activos del programa 287(g) en 40 estados, lo que refleja su creciente alcance y el debate que continúa generando sobre derechos civiles y seguridad pública.