Así funciona la política de Donald Trump que busca sancionar a inmigrantes por usar beneficios públicos
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Las nuevas políticas de Donald Trump que busca instaurar la DHS perjudicarían a los inmigrantes que reciben los beneficios públicos por considerarlos potencialmente "una carga" para el Estado.
Una nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deja claro que la administración Donald Trump está lista para endurecer las reglas migratorias en torno al uso de beneficios sociales por parte de inmigrantes legales.
La nueva normativa busca derogar la regla de “carga pública” de 2022 impulsada por Biden, ampliando su definición y aumentando el escrutinio sobre el uso de beneficios públicos.
¿Qué propone cambiar el DHS?
El DHS plantea derogar la normativa de 2022 que definía la causal de inadmisibilidad por “carga pública”, una que había sido impulsada durante el gobierno de Joe Biden, y que atendía principalmente a los casos en que un inmigrante dependía de ayudas económicas gubernamentales para subsistir.
El cambio restauraría “mayor discreción” al análisis de cada solicitud, y volvería a poner sobre la mesa que los inmigrantes legales deben ser autosuficientes desde el ingreso.
¿Qué cambiaría en la práctica para los inmigrantes en EE. UU.?
Bajo la legislación vigente, se consideraba carga pública a una persona que no podía mantenerse por sí misma y dependía de ayudas como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno.
Con la propuesta, el concepto de “carga pública” se ampliaría para incluir cualquier uso de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, incluyendo programas como el seguro médico estatal Medicaid o cupones alimentarios del programa SNAP.
¿Cómo afectará este cambio a los inmigrantes en Estados Unidos?
Desde 2019 ya había iniciativas de este tipo bajo la administración Trump que ampliaban los beneficios considerados para la carga pública, incluyendo vivienda pública, SNAP o muchas prestaciones de Medicaid.
Sin embargo, tales normas fueron revocadas por Biden en 2022, cuando buscó dar mayor tranquilidad a los inmigrantes legales para acceder a ciertos servicios sin temor migratorio.
Con la nueva propuesta, el abanico de programas bajo escrutinio podría crecer y alcanzar a personas que hasta ahora no se consideraban en riesgo de inadmisibilidad.
Por ahora, lo publicado en el Registro Federal es una propuesta. No es un reglamento finalizado. Habrá un periodo de comentarios públicos de aproximadamente 30 días, tras lo cual el DHS podrá promulgar, modificar o descartar la norma.