Familia española despide a su empleada del hogar guatemalteca por ir al hospital y ahora debe indemnizarla con US$8.000

Una joven guatemalteca sufrió un agravio laboral por parte de la familia española para la que trabajaba, quienes la despidieron por ausentarse un día de sus labores e ir al hospital a realizarse una operación quirúrgica por apendicitis. La familia de la comunidad autónoma del País Vasco (España) fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a pagar 7.000 euros (alrededor de US$8.000) como indemnización.

La trabajadora había sido contratada como interna en el domicilio familiar entre diciembre de 2022 y octubre de 2024. Debido a su condición de inmigrante, la mujer no contaba con permisos ni estaba empadronada con la Seguridad Social.

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Empleada del hogar guatemalteca, fue despedida y luego indemnizada con millonaria cifra en España

La joven guatemalteca llegaba a su trabajo todos los días; sin embargo, por un problema delicado de salud, se ausentó para someterse a una operación de apendicitis. La familia española, para la que trabajada, le notificó días después un mensaje de WhatsApp donde le comunicaba el despido. La propietaria de la vivienda le indicó a la trabajadora del hogar el cese de sus labores porque "no podía esperar más" y que no podía tener a su mamá "dando vueltas" en su casa sin que nadie la atendiera.

Aunque la trabajadora intentó retomar la conversación con su ex empleadora para mostrarle las evidencias de su ausencia por salud. La propietaria no quiso cambiar su decisión y le indicó que “no podía hacer más” y que “esta era la única solución”.

El tribunal español consideró que la causa del despido estaba “directamente vinculada con su estado de salud”. De acuerdo al medio La Vanguardia, la decisión se dio por la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de la trabajadora

Aunque la trabajadora no estaba formalmente dada de alta, el TSJPV consideró la existencia de un contrato interno y falló reconociendo la nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental al estado de salud.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social n.º 12 de Bilbao había ordenado una indemnización de 2.751,12 euros, más 5.655 euros por salarios de tramitación. Pero tras una segunda instancia se realizó una resolución con concepto de indemnización de hasta los 7.000 euros solicitados (alrededor de US$8.000).